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OPINIÓN

¿CÓMO LA JCYL DESARROLLA LA LEY DE DEPENDENCIA
Y CONSIGUE DEMORAR, HASTA EN SEIS MESES DE MEDIA, EL RECONOCIMIENTO EFECTIVO DE LA LEY?

La "maquinaria" puesta en marcha por la Junta de Castilla y León (JCyL) para el desarrollo de la Ley de Dependencia, incluye al personal de los Centros de Acción Social (CEAS), reforzados por 491 nuevos Trabajadores Sociales. Estos técnicos se desplazan al domicilio del solicitante para baremar su nivel de dependencia teniendo en cuenta el desempeño dentro y fuera del domicilio de actividades como: comer y beber, micción, lavarse, vestirse, cuidar su salud, sentarse, desplazarse, prepara la comida, comprar o lavar la ropa, capacidad para tomar decisiones, etc…

Estos técnicos para baremar las actividades de la vida diaria (AVD), reciben formación específica durante un máximo de dos o tres días a cargo de personal de la Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL, impartida por los técnicos informáticos encargados del desarrollo del programa que recoge la información de la valoración y en el mejor de los casos, por Diplomados en Enfermería y Trabajadores Sociales.

Sabemos que está "formación" es completamente insuficiente y muy escasa, ya que se pretende instruir a técnicos no sanitarios para registrar y valorar el desempeño de las AVD en varios días, cuando para desarrollar esta tarea de manera adecuada se necesita experiencia y formación académica especifica que es impartida a los DIPLOMADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL, en nuestra región concretamente en la Universidad de Salamanca y de Burgos.

Para llevar a cabo la "valoración" de las personas que han solicitado acogerse a la protección que ofrece la Ley de Dependencia, la JCyL utiliza al personal (Trabajadores Sociales) de los CEAS, siguiendo un modelo para la valoración único y exclusivo en España, ya que en la mayoría de las CCAA han optado por la contratación de DIPLOMADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL, porque está ampliamente demostrado que somos el personal socio-sanitario que académica y profesionalmente esta mejor cualificado para desarrollar esta tarea. La JCyL continua empecinada en seguir con el desarrollo de este modelo, a pesar de que se ha demostrado su rotundo y total fracaso.

La JCyL establece además como novedad y por si fuera poco la tarea de "valorar" de los Trabajadores Sociales, que en la misma visita al domicilio de los solicitantes estos técnicos realicen de forma paralela el informe social (tipo de casa, equipamiento del hogar, régimen de tenencia, condiciones de la vivienda, ubicación, etc…) y registren información acerca de la unidad familiar (miembros que componen el hogar, sus relaciones familiares y vecinales situación personal del cuidador familiar, en caso de tenerle, y la 'carga' laboral que le supone esos cuidados).

La "maquinaria" de la JCyL además requiere la colaboración de personal sanitario, haciendo así referencia a los Centros de Atención Primaria de nuestra región y concretamente, a su personal médico y de enfermería, del que no podemos obviar ni minusvalorar sus "males" considerados ya crónicos y endémicos; listas de espera interminables, escasez de recursos estructurales, materiales y profesionales, limitaciones en el tiempo de atención a los pacientes, agresiones sufridas por el personal de los centros de atención primaria, reconocimiento de la "carrera profesional", etc… traducidos en las últimas huelgas, que todos en mayor o menor medida hemos y vamos sufriendo, y en la sobresaturación de los servicios sanitarios de la región que podemos fácilmente identificar. El personal sanitario que sufre todos estos y otros problemas, es además, del que la JCyL "requiere" su colaboración para la aplicación del desarrollo de la Ley de Dependencia.

También participa en la "maquinaria" el personal de las residencias de ancianos, sin hacer referencia expresa a qué profesionales son los que colaboran ni que tipo de residencias (públicas, concertadas, privadas con o sin ánimo de lucro, etc…). Si tenemos en cuenta que la oferta pública residencial es considerablemente menor en nuestra región a la oferta concertada y privada con o sin ánimo de lucro, entendemos que la cantidad de colaboración de las residencias de ancianos es mayor en estos últimos centros. Hay que reconocer aquí y públicamente, el paulatino esfuerzo y proceso de profesionalización y aumento de la calidad de servicio e innovación de estos centros en los últimos años, pero no debemos olvidar que con relativa frecuencia se producen condiciones de calidad poco satisfactorias, especialmente en centros privados de carácter lucrativo que buscan una rápida rentabilidad antes que servicios de calidad. También en los centros sin ánimo de lucro, los problemas de clientismo hacia la JCyL por el sistema de subvenciones y la inseguridad sobre la continuidad de las mismas generan situaciones de precariedad en la contratación de personal y prestación de servicios, traducidas en malas condiciones de atención a los usuarios, precariedad y abuso de las condiciones laborales de los trabajadores, etc… trabajadores que "colaboran" según la JCyL en la aplicación del desarrollo de la Ley de Dependencia.

A la cabeza de todos estos "esfuerzos" el Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades D. Cesar Antón, la Gerente de Servicios Sociales Dña. Milagros Marcos Ortega, y el Director General de la Política Social y Atención a la Dependencia D. Jesús Fuertes Zurita, gastando tiempo y energías en enrevesados argumentos que justifiquen ante los castellano leoneses el retraso para poner en marcha de la Ley de Dependencia en nuestra región, utilizando rifirrafes políticos sobre la financiación de la Ley y desarrollo de la norma, supuestos problemas informáticos del Ministerio de Trabajo, etc…

Responsables políticos que no dudan en continuar "mirándose el ombligo" y seguir felicitándose a sí mismos día tras día, ante los medios de comunicación por el actual desarrollo y puesta en marcha de la Ley de Dependencia en Castilla y León a pesar de todas las dificultades, anuncios sobre la contratación de nuevo personal, increíbles esfuerzos por "agilizar" trámites, éxito de la aplicación de la Ley a pesar de la falta de financiación de la Administración del Estado, pioneros en la aplicación de nuevas tecnologías en la recogida de información con el "bolígrafo digital", etc…

No debemos olvidar las fuertes críticas que se han realizado y que aún se siguen produciendo, por parte del gobierno autonómico de nuestra región hacía la administración del Estado. Reconociendo que en numerosas ocasiones son justificadas, pero en la mayoría de los casos son producto del oportunismo político, podemos concluir que esta actitud ha provocado la falta total y absoluta de colaboración administrativa en la gestión de la puesta en marcha y seguimiento de la Ley de Dependencia.

Siguiendo estos y otros pasos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL, encontramos fácilmente la respuesta a la pregunta de: ¿Cómo la JCyL desarrolla la Ley de Dependencia y consigue demorar, hasta en seis meses de media, el reconocimiento efectivo de la Ley?.

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Pedro Solaeta Gómez
Terapeuta Ocupacional
e-mail: terapeutix@yahoo.es



 












 
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